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Updated 06/06/2005

En busca de justicia: Esfuerzos para imputar violadores hondureños de derechos humanos

La investigación para identificar y poner en manos de la justicia a los responsables de detenciones ilegales, torturas, desapariciones y asesinatos de civiles en Honduras durante los 80 ha sido lenta y difícil. A lo largo de los últimos 20 años, muchos casos han llegado a los tribunales –en Honduras, por medio del sistema interamericano, y recientemente en Estados Unidos–, imputando oficiales del ejército hondureño como responsables de estos crímenes. No obstante, los tecnicismos legales, un insuficiente acceso a la información, la corrupción gubernamental y la falta de independencia de la judicatura, además del poder que aún mantiene el ejército de Honduras han impedido el éxito en las acciones judiciales. Parece haber mucha gente, en particular la que ostenta actualmente el poder en Honduras, que prefiere que los hondureños olviden esa época que ellos llaman «la década perdida», incluso si eso significa que los perpetradores de pasados abusos vivan en la impunidad. Aunque los esfuerzos legales han tenido un escaso éxito en cuanto a la encarcelación de los culpables, han servido como foro para contar la verdad sobre los abusos y han sentado importantes precedentes.

Primeros pasos en el sistema legal hondureño

Los primeros casos de desapariciones llegaron a los tribunales hondureños a principio de los años 80, cuando algunas familias de personas secuestradas presentaron peticiones de habeas corpus, un procedimiento legal que cuestiona la legitimidad de una detención. La constitución hondureña garantiza el derecho de habeas corpus, y exige que los jueces emprendan diligencias inmediatas para atajar la violación de la seguridad o la libertad personal. No obstante, estos esfuerzos fracasaron porque las fuerzas de seguridad se negaron a cooperar con los jueces que investigaban estos hechos, y los testigos temían hacer declaraciones sin garantía para su propia seguridad. Muchas familias perseveraron en sus esfuerzos asumiendo un gran riesgo personal. A menudo les ayudaban los grupos no gubernamentales Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, CODEH, y Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

Un caso notable es el de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, que fue secuestrado por hombres armados vestidos de civiles en septiembre de 1981, y se supone muerto. A pesar del clima político del miedo y silencio reinante en el país, la familia de Velásquez desafió la impunidad militar entablando distintas acciones legales ante varios tribunales. Después de presentar tres peticiones de habeas corpus que no produjeron ningún resultado, el padre y la hermana de Velásquez elevaron una queja ante la Primera Corte Criminal en noviembre de 1982. En abril de 1984, la hermana de Velásquez y los familiares de otros desaparecidos presentaron una segunda queja contra siete miembros de las Fuerzas Armadas Hondureñas por crímenes que incluían asesinato, tortura y abuso de autoridad. Sin embargo, estas quejas no consiguieron la identificación y el castigo de los responsables de la desaparición de Velásquez. 

Reclamación ante el Sistema Interamericano

En su búsqueda de justicia, la familia de Velásquez, con ayuda del CODEH, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una institución de la Organización de Estados Americanos. El 7 de octubre de 1981, enviaron a la comisión una demanda contra el estado de Honduras por la desaparición forzada de Manfredo Velásquez. Otras familias de desaparecidos presentaron demandas similares. A lo largo de varios años, la comisión hizo numerosas solicitudes de información al gobierno hondureño, muchas de las cuales fueron ignoradas. Después de un cuidadoso examen de las pruebas que la final entregó el estado de Honduras para debatir los hechos de la demanda, el 18 de abril de 1986, la comisión falló que «todas las prueban indican que Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez se encuentra todavía desaparecido, y que el gobierno de Honduras [...] no ha ofrecido evidencias convincentes que permitan a la comisión determinar que las alegaciones no son ciertas».

El 24 de abril de 1986, la comisión remitió el caso Velásquez y tres otros casos más de desapariciones forzadas al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, el tribunal de la OEA en Costa Rica, para determinar si el gobierno de Honduras había violado el derecho a la vida, al trato humano y a la libertad personal garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos. Los otros casos eran los de dos costarricenses, Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales, que desaparecieron en Honduras en diciembre de 1981, y el del maestro hondureño Saúl Godínez Cruz, que desapareció en julio de 1982. Estos casos marcaron los primeros litigios contra un gobierno en el sistema interamericano, y la primera vez que un gobierno fue juzgado por el crimen de desaparición. 

Aunque el Tribunal Interamericano había dado instrucciones al gobierno hondureño para que garantizara la protección de los testigos que declararían en los procesos, muchos de ellos recibieron amenazas de muerte, y dos testigos clave murieron. José Isaías Vilorio, un policía que supuestamente participó en el secuestro de Velásquez había sido convocado para testificar el 18 de enero de 1988, pero murió en una vía pública de Tegucigalpa dos semanas antes de poder hacerlo. Miguel Ángel Pavón Salazar, un activista de derechos humanos y diputado suplente del Congreso Hondureño murió en San Pedro Sula el 14 de enero de 1988. Había testificado ante el tribunal cuatro meses antes. Otros testigos declararon asumiendo un gran riesgo personal, entre los que se contaba Inés Consuelo Murillo Schwaderer, que había sobrevivido a su propia detención clandestina y tortura. 

En julio de 1988 y enero de 1989, el Tribunal Interamericano declaró al gobierno hondureño responsable de las desapariciones de Velásquez y Godínez (en marzo de 1989 el tribunal falló que Honduras no era responsable de las desapariciones de Fairén y Solís). Estos fallos, que sentaron precedente, bosquejaban la interpretación del tribunal de la ley de desapariciones forzosas, y determinaban que las Fuerzas Armadas Hondureñas habían llevado a cabo una práctica sistemática de desapariciones en el país entre 1981 y 1984. El tribunal declaraba que el gobierno hondureño había violado los derechos de libertad personal, trato humano y derecho a la vida, y ordenaba al gobierno pagar una compensación a las esposas e hijos de las víctimas. El gobierno comenzó a pagar compensaciones a las familias en los 90, pero no ha llevado a cabo otras exigencias expresadas en la sentencia: «investigar toda situación que implique la violación de los derechos protegidos por la Convención [de derechos humanos]», «identificar a los responsables» e «imponer los castigos adecuados».

El gobierno hondureño investiga

Con el fin de la guerra fría y la reducción de conflictos armados en los países vecinos, las relaciones entre los sectores civil y militar en honduras comenzó a invertirse. Gradualmente, los líderes civiles afianzaron su autoridad y empezaron a aflojar el estrecho nudo del control militar. En 1992, en un esfuerzo para aprovechar plenamente el cambio político, algunas familias de desaparecidos forjaron una alianza con Leo Valladares Lanza, el primer comisionado hondureño de derechos humanos. La ley hondureña especifica que el comisionado de derechos humanos es el defensor y portavoz de los ciudadanos de Honduras ante otros funcionarios gubernamentales. El comisionado debe investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades hondureñas, incluyendo al ejército y a la policía, y presentar sus descubrimientos para que puedan emprenderse acciones correctivas. En ejercicio de esta competencia, Valladares emprendió una investigación sobre desapariciones forzosas en Honduras.

En diciembre de 1993, Valladares hizo público un detallado informe de sus hallazgos, basados en información de Naciones Unidas, grupos nacionales e internacionales de derechos humanos y testimonios obtenidos directamente. El informe, titulado «Los hechos hablan por sí mismos», documentaba el papel de las Fuerzas Armadas hondureñas –y en particular el del Batallón 3-16– en al menos 184 desapariciones forzosas, además de en muchos otros abusos contra los derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales y torturas. Significativamente, aún iba más lejos, dando indicios de partes responsables caso por caso. Su publicación fue histórica, pues marcó el primer reconocimiento oficial de un gobierno hondureño de la participación policial y militar en la desaparición de sus propios ciudadanos. Antes de este informe, los gobiernos negaron insistentemente la detención de estas personas. El comisionado pidió investigaciones judiciales para identificar a los responsables de estos crímenes y ponerlos en manos de la justicia.

En enero de 1994, el Presidente Roberto Reina, antiguo presidente del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, tomo posesión con la promesa de seguir las recomendaciones de Valladares, y acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Se creó una nueva Fiscalía Pública para investigar y procesar casos criminales, incluyendo abusos contra los derechos humanos. El Fiscal General Edmundo Orellana, jefe de la Fiscalía Pública, recibió los hallazgos de Valladares y se comprometió a procesar a los responsables de las violaciones documentadas. A partir de este informe, Sonia Dubón de Flores, la fiscal especial de derechos humanos de la Fiscalía Pública, llevó a cabo investigaciones posteriores.

La fiscal especial tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos en su intento de llevar a los infractores militares ante la justicia. Hasta 1993 no se cambió la ley hondureña de forma que permitiera juzgar al personal militar en tribunales civiles, y los militares todavía tenían suficiente poder para desacatar órdenes de arresto y peticiones de información. Muchos oficiales que la fiscal especial encausó por casos de detención y asesinato huyeron del país, y otros siguieron libres en las calles de Honduras, mientras las autoridades parecían incapaces de hacer cumplir las órdenes de arresto. Incluso algunos fugitivos que estaban en activo continuaron recibiendo sus salarios por medio de transferencias a sus cuentas bancarias. Es más, algunos de los supuestos responsables de abusos siguieron manteniendo altos cargos militares o civiles, incluyendo al Gral. Discua Elvir, que fue jefe de las Fuerzas Armadas Hondureñas a mediados de los años 90.

Como la desaparición no es un crimen contemplado por la ley hondureña, los fiscales tuvieron que buscar cargos criminales admisibles, como detención ilegal, secuestro y asesinato. No obstante, los tribunales no aceptaban casos de muerte a menos que el cuerpo de la víctima hubiera sido recuperado e identificado positivamente. Por lo tanto, los fiscales y grupos de derechos humanos intentaron encontrar e identificar los restos de las víctimas listadas en el informe de Valladares. En 1994 y 1995, equipos forenses, en cooperación con la fiscalía especial, las autoridades hondureñas y grupos de derechos humanos, llevaron a cabo inhumaciones en lugares que supuestamente podían contener los restos de víctimas de desapariciones: se encontraron 16 cuerpos de los que se identificaron cinco.

El primer caso del gobierno hondureño

El 25 de julio de 1995, el gobierno hondureño hizo el primer intento histórico de juzgar oficiales militares por crímenes contra los derechos humanos. Dubón de Flores presentó cargos de intento de asesinato y detención ilegal contra dos oficiales del ejército en activo y ocho retirados, varios de los cuales eran antiguos miembros del Batallón 3-16, relacionados con la desaparición de seis estudiantes universitarios en abril de 1982. Este caso fue cuidadosamente seleccionado como un importante ensayo del poder de las autoridades civiles para exigir responsabilidades a los militares. A diferencia de los casos de desapariciones, en este sumario las víctimas estaban todas con vida y deseando testificar. Con el reconocimiento y la identificación positiva de muchos perpetradores por parte de los testigos, había menos posibilidades de que este caso se rechazara por «falta de pruebas» u otros tecnicismos similares, un resultado habitual de los intentos de procesos a militares en cualquier parte de América Latina.

Incluso este caso, relativamente claro, resultó difícil de encausar, pues los oficiales acusados se negaron obstinadamente a presentarse ante un juez civil, citando las leyes de amnistía aprobadas por el gobierno hondureño entre 1987 y 1991 como parte del llamado proceso de reconciliación nacional. Las leyes garantizaban una amnistía incondicional para los crímenes políticos cometidos tanto por oficiales militares como miembros de grupos de izquierda durante los años 80, y los abogados de los oficiales acusados argumentaron que estas leyes los protegían de ser procesados. En octubre y diciembre de 1995, el juez Roy Medina, de la Primera Corte Criminal de Honduras emitió órdenes de arresto para cuatro de los diez oficiales acusados: Col. Alexander Hernández Santos, Cte. Manuel de Jesús Trejo Rosa, Col. Juan Blas Salazar Mesa y Capn. Billy Joya Amendola. Tres se ocultaron, incluyendo a Joya, que huyó a España; Salazar Mesa ya estaba cumpliendo una condena 21 años de prisión por tráfico de drogas (Salazar Mesa fue uno de los primeros oficiales militares juzgado y condenado en un tribunal civil por un delito común). Joya volvió voluntariamente a Honduras en diciembre de 1998 tras recibir promesas de tratamiento especial. Fue encarcelado y liberado en agosto de 2000 después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para mantener su detención.

En 1998, un juez de un tribunal criminal falló que Salazar Mesa era culpable de participar en la detención ilegal e intento de asesinato de los estudiantes, pero cumplía los requisitos para acogerse a la amnistía, y por lo tanto no podía ser castigado. El fiscal general apeló, argumentando que las leyes de amnistía estaban previstas sólo para delitos políticos y no comunes, como la detención ilegal y el asesinato. En 2000, el Tribunal Supremo dictaminó que las leyes de amnistía eran inconstitucionales, dando la razón al argumento de la fiscalía de que dichas leyes eran demasiado vagas y no se aplicaban a delitos comunes. El tribunal restringió su interpretación de las leyes de amnistía, aplicando la sentencia sólo al caso de los seis estudiantes. Esto deja abierta la posibilidad de que las leyes de amnistía puedan aplicarse a militares acusados de otros casos. Aunque la sentencia debería haber abierto la puerta a los procesos judiciales contra los 10 oficiales implicados en el caso, todavía no se han emprendido acciones substanciales.

En mayo de 2003, Salazar Mesa fue hallado culpable del cargo menor de detención ilegal de dos de los seis estudiantes, y fue sentenciado a cuatro años de prisión. La Fiscalía Pública apeló la sentencia del tribunal, para juzgarlo por intento de asesinato y detención de los otros cuatro estudiantes. Joya sigue en libertad bajo fianza, y los tribunales han rechazado repetidamente la solicitud de la Fiscalía Pública para que se restablezca su orden de arresto. En marzo de 2003, el tribunal emitió órdenes de arresto para dos coroneles retirados, Juan Evangelista López Grijalba (acusado en una causa civil en un tribunal estadounidense, ver abajo) y Julio César Funez Álvarez, por la detención ilegal de los seis estudiantes. A finales de 2003, el general retirado José Amílcar Zelaya Rodríguez, propietario de lugar donde ocurrieron los incidentes de 1982, fue puesto en arresto domiciliario bajo el cargo de complicidad. Al acabar el año, continuaba el caso contra Roberto Arnaldo Erazo Paz y Manuel de Jesús Trejo Rosa.

Casos siguientes

Después de presentar el caso de los seis estudiantes, el gobierno continuó imputando cargos a oficiales militares según las investigaciones forenses iban identificando los restos de otras víctimas de desapariciones. En octubre de 1995, los expertos forenses identificaron positivamente los restos de Hans Albert Madisson López, un estudiante que había sido secuestrado y hecho desaparecer en 1982. Consecuentemente, se imputaron cargos de asesinato contra Billy Joya, Alexander Hernández Santos, el Jefe de Personal Militar Oscar Hernández Chávez, y Segundo Flores Murillo. Un mes después, los restos de Adán Avilés Fúnez, un agricultor hondureño, y de José Amado Espinoza Paz, un ciudadano nicaragüense que trabajaba en Honduras, fueron exhumados e identificados en la ciudad sureña de Choluteca. CODEH presentó cargos de homicidio, amenazas de muerte, arresto ilegal, robo y daños a la propiedad contra 19 miembros de las fuerzas armadas, incluyendo a Joya y a otros encausados en el caso de los seis estudiantes. En junio de 1996 se emitieron órdenes de arresto para 13 de estos hombres.

Al igual que en el caso de los seis estudiantes, el proceso de estos casos ha progresado lentamente, y la mayor parte de los oficiales acusados han sido absueltos por «falta de pruebas». En este sumario, el tribunal absolvió a Joya del asesinato de Hans Madisson porque la defensa argumentó con éxito que el examen de ADN que había identificado positivamente los restos de Madisson no era admisible como prueba por la probabilidad de error, a pesar del hecho de que el gobierno había devuelto el cuerpo a la familia de Madisson para su entierro. Hasta la fecha, la Fiscalía Pública ha fracasado en sus intentos de conseguir más exámenes de ADN que identifiquen positivamente los restos. Respecto a los asesinatos de Avilés y Espinoza, varios de los encausados siguen en libertad y los casos contra otros han sido sobreseídos. La fiscalía continúa apelando las sentencias de los tribunales en estos y otros casos, y según el informe de 2003 sobre la práctica de los derechos humanos en Honduras del Departamento de Estado de EE.UU., unos 20 militares en activo y retirados siguen enfrentándose a cargos en varios tribunales por abusos contra los derechos humanos cometidos en la década de los 80. 

En octubre de 1999, un militar fue finalmente declarado culpable de asesinato cuando un tribunal halló al teniente Marco Tulio Regalado culpable de asesinar en 1983 a Herminio Deras, líder del Partido Comunista de Honduras. Regalado, junto con el Col. Alexander Hernández y el Cap. Rafael Canales Núñez, ha sido acusado del asesinato de Deras en julio de 1998, aunque los otros dos siguen en libertad. No obstante, en marzo de 2004, un tribunal absolvió a Regalado porque no pudo encontrar pruebas «irrefutables» que justificaran su condena. Sigue en prisión hasta que el Tribunal Supremo decida si mantener o revocar su absolución.

Otros esfuerzos del gobierno por conseguir justicia

En noviembre de 2000, el gobierno hondureño entregó 1,6 millones de dólares como compensación a las familias de 17 personas que desaparecieron entre 1981 y 1989. En la ceremonia que marcó la ocasión, el Ministro de Exteriores hondureño, Roberto Flores Bermúdez, describió los pagos como un intento «de reparar el daño, que pretende dar a los familiares de las víctimas un futuro digno con mejores opciones». Por contra, la dirigente de COFADEH, Berta Oliva, insistió: «Esto no cierra página sobre el caso de los desaparecidos [...] El gobierno ha prometido encontrar a los responsables de estos crímenes, arrestarlos y llevarlos ante la justicia». Ella misma estaba entre los que recibieron compensaciones, pues su marido, Tomás Nativí, desapareció en 1982 después de que varios soldados lo sacaran violentamente de su propia casa.

A principios de 2002, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) organizó una serie de reuniones entre un grupo escogido de representantes de la sociedad civil de Honduras, varias organizaciones de derechos humanos y miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas hondureñas. Estas reuniones culminaron en un seminario sobre «Relaciones entre civiles y militares en Honduras», que fue inaugurado por el presidente hondureño Ricardo Maduro. En este seminario, los participantes intentaron definir los temas que precisan discusión entre civiles y militares en las áreas de derechos humanos, seguridad ciudadana, defensa y fortalecimiento democrático. Al final del seminario, los representantes del gobierno, las fuerzas armadas y la comunidad de derechos humanos firmaron un acuerdo comprometiéndose a llevar a cabo con honestidad y espíritu crítico una revisión de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país durante las décadas de los 80 y los 90.

Según el texto del acuerdo, el propósito de la revisión es descubrir «la verdad histórica ilustrativa que impida que se repitan confrontaciones de esta gravedad entre hondureños». Además, todos los firmantes se comprometieron a comenzar un proceso, bajo los auspicios del PNUD, que permita «a la sociedad y el estado hondureños identificar y definir cómo pueden llevarse a cabo estos esfuerzos». Aunque se nombró un consejo asesor con miembros civiles y militares que debía determinar los pasos necesarios para crear lo que algunos llamaron la «comisión hondureña de la verdad», el proceso se interrumpió bruscamente.

Supervivientes de torturas y familiares de desaparecidos presentan una demanda ante un tribunal de EE.UU.

El 15 de julio de 2002, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad de San Francisco interpuso una demanda civil en el Tribunal Estadounidense de Distrito de Miami contra el antiguo jefe de la inteligencia militar hondureña Tte. Col. Juan López Grijalba, en nombre de seis demandantes: Oscar y Gloria Reyes, secuestrados por soldados en 1982 y torturados mientras se hallaban en detención clandestina, Ricardo y Zenaida Velásquez, hijo y hermana de Manfredo Velásquez, y otros dos demandantes anónimos que se querellaban en nombre de su hermano desaparecido. Los demandantes alegaban que Grijalba «planificó, ordenó, autorizó, incitó o permitió a sus subordinados de las fuerzas militares y paramilitares hondureñas cometer actos de tortura, desapariciones y asesinatos extrajudiciales» y después ayudó a ocultar los abusos. La demanda se basa en dos leyes federales que permiten a los tribunales estadounidenses evaluar los daños provocados por serias violaciones de los derechos humanos cometidas en el extranjero. (Para más información sobre estas leyes y cómo pueden utilizarse para procesar violadores de los derechos humanos, consultar «Lucha contra la impunidad en tribunales de EE.UU.»). 

La presencia de López Grijalba en Estados Unidos se conoció en abril de 2002, cuando fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Naturalización por violación de las leyes de inmigración. Vivía en EE.UU. desde 1998. Se fechó el comienzo del juicio civil para el 18 de octubre de 2004, no obstante, unos días antes de dicha fecha, el juez federal pospuso el juicio. Mientras tanto, un juez de inmigración había dictado sentencia en el caso de deportación de la oficina de inmigración y ordenó la expulsión de López Grijalba. El 21 de octubre de 2004, agentes de inmigración lo escoltaron hasta el avión con destino a Honduras. El Centro para la Justicia y la Responsabilidad y los demandantes siguen esperando la sentencia del juez federal. Esperan un fallo que responsabilice a López Grijalba de los abusos cometidos por sus subordinados y evalúe la indemnización por los daños producidos.

Para más información

«Cuando una ola de tortura y muerte sacudió a un pequeño aliado de EE.UU., la verdad fue una de las víctimas». (Primera de una serie de cuatro partes). Gary Cohn y Ginger Thompson. The Baltimore Sun, 11 de junio de 1995. 

«Confesiones de torturadores». (Segunda de una serie de cuatro partes). Gary Cohn y Ginger Thompson. The Baltimore Sun, 13 de junio de 1995. 

«Historia de una superviviente». (Tercera de una serie de cuatro partes). Gary Cohn y Ginger Thompson. The Baltimore Sun, 15 de junio de 1995.

«Un engaño cuidadosamente elaborado». (Cuarta de una serie de cuatro partes). Gary Cohn y Ginger Thompson. The Baltimore Sun, 18 de junio de 1995.

«Testimonios de tortura». James LeMoine. The New York Times Magazine, 5 de junio de 1988.

«Sospechoso de los escuadrones de la muerte deportado de Miami a Honduras». Ruth Morris. South Florida Sun-Sentinel. 22 de octubre de 2004 

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), en español

«'Desapariciones' en Honduras: Un muro de silencio e indiferencia». Amnistía Internacional. 30 de abril de 1992.

«Honduras: ¿El principio del fin de la impunidad?». Amnistía Internacional. 31 de mayo de 1995.

«Honduras: Lucha continua contra la impunidad». Amnistía Internacional. 26 de febrero de 1996.

«Honduras: Todavía esperamos justicia». Amnistía Internacional. 31 de marzo de 1998.

Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA)

Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en español

Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras

Texto de las resoluciones tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos Velásquez, Godínez y Solís/Fairén.

Texto de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Velásquez, Godínez y Solís/Fairén.